Carlos H.
En el municipio de Hueyotlipan, Aarón Rivas Sánchez, presidente de la comunidad de Ignacio Zaragoza, dio a conocer que el titular de la alcaldía, Sóstenes Bedolla, tiene pendiente el reintegro de más de dos millones de pesos, tras una detección de presunto daño al patrimonio público por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Durante una conferencia ante medios, Rivas Sánchez detalló que el ente fiscalizador emitió un requerimiento oficial al edil, derivado de observaciones en 16 puntos distintos de la gestión administrativa, que en su conjunto suman el monto señalado como irregular. Añadió que, pese a este hallazgo, el alcalde se ha negado sistemáticamente a explicar o regularizar la situación, y ha argumentado que no hay disponibilidad económica para atender las demandas de las localidades.
“Estamos totalmente marginados; solo recibimos la asignación presupuestal que corresponde legalmente a cada comunidad, pero es una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”, expresó el representante comunitario.
Entre los casos más cuestionados, destacó la compra de un camión recolector de residuos, marca International, modelo 2010, por un valor superior a los tres millones de pesos. Según su señalamiento, esa cifra resulta excesiva, pues un vehículo nuevo del mismo tipo, modelo 2025, tiene un precio de mercado cercano a los dos millones de pesos.
Además de las inconsistencias financieras, el denunciante cuestionó la capacidad de gestión del alcalde, indicando que su forma de atender reclamos y peticiones ha derivado en enfrentamientos verbales y falta de soluciones reales a los problemas locales.
Ante este panorama, hizo un llamado a los integrantes del cabildo a sumarse a la denuncia, y advirtió que también se han detectado anomalías en la ejecución de obras públicas; por ello, anunció que presentará formalmente estos hechos ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes.
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